En su ltimo recurso sostiene que la conclusin de que las manifestaciones difundieron ampliamente el virus « no tiene ningn sustento cientfico »
Manifestacin del 8-M en Madrid.
El ltimo recurso de la Abogaca del Estado para frenar la investigacin en torno al 8-M no slo critica a la juez instructora y a los investigadores de la Guardia Civil. Arremete especialmente contra el forense del caso por sostener que las manifestaciones permitidas previas al estado de alarma supusieron una « amplia difusin » del virus.
La Abogaca, que acta en nombre del Gobierno y defiende al delegado del Gobierno en Madrid, acusa al forense de hacer afirmaciones sin « la ms absoluta falta de sustento tcnico » y basadas « en nada ». En particular, se centra en la frase con la que el forense cerraba el informe sobre los contagios por coronavirus, que deca as: « Lo que s es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habra evitado una amplia difusin de la enfermedad y de igual modo, de haberse advertido a la poblacin sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran medidas higinicas necesarias para su proteccin en relacin a la gravedad de la enfermedad ».
Segn la Abogaca, los informes tcnicos que cita el forense « no dicen lo que afirma con semejante simplicidad », sino que distinguen diversos escenarios y diversas fases y slo recomienda impedir manifestaciones en ciertas circunstancias. « Nada de esto es sealado por el forense, para l no hay diferencia alguna ».
Critica tambin que se considere algo « incontrovertido » que las manifestaciones previas al estado de alarma difundieran ampliamente la enfermedad. « Negamos la mayor. Esa afirmacin no tiene ningn sustento cientfico ni tcnico y el forense no la razona, ni argumenta ni la apoya en ningn dato objetivo ». Por el contrario, el recurso sostiene que « los expertos niegan la relevancia de un evento de las caractersticas de una manifestacin (en un espacio abierto, sin que sea frecuente un contacto estrecho entre los participantes) » para la exposicin al virus en Madrid.
Para apoyar esa afirmacin cita los 60 millones de pasajeros que tuvo en el mes de febrero el metro de Madrid, lo que supone 15 millones en la semana previa al 8-M. « Personas que compartieron elementos comunes en un reducido espacio cerrado », resalta.
Al ejemplo del Metro aade « toda la actividad docente, las oficinas, los juzgados, los centros comerciales, eventos deportivos, culturales, polticos etc. que en su conjunto conllevan la existencia de millones de contactos estrechos y que hacen absolutamente residual el impacto que hubiera -sin que haya ninguna certeza- podido tener cualquiera de las manifestaciones celebradas hasta el da 9 de marzo ». Y concluye: « En qu se fundamenta la afirmacin del forense? Sencillamente en nada. Ni un solo dato, ni una sola referencia tcnica ».
El « afn » de la juez y el « sesgo » de la Guardia Civil
La Abogaca no encuentra justificacin a que la juez haya pedido al forense que ample su informe. « Slo se explica por el afn de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigacin por el presunto delito de lesiones imprudentes ». Este delito no apareca en la denuncia inicial, aunque la juez lo present como posible en el auto en el que puso en marcha la causa. Luego precis que el delegado del Gobierno, Jos Manuel Franco, slo estaba imputado por prevaricacin. La Abogaca interpreta que la juez pretende reintroducir las lesiones imprudentes para que puedan personarse acusaciones particulares y seguir adelante con la causa. De momento no las hay y ni la Abogaca ni la Fiscala acusan, una circunstancia que de mantenerse llevara al archivo del caso.
El recurso ataca tambin otros aspectos de la causa. Entre ellos la indefensin en la que se encuentra el delegado del Gobierno por varios motivos: porque no se concreta con claridad qu actuacin u omisin suya sera la prevaricadora y por la decisin de la juez de seguir adelante pese a que los recursos contra sus decisiones no se estn tramitando por la situacin de servicios mnimos. La Abogaca considera « inadmisible » la urgencia con la que se est reclamando documentos a la Administracin, que no permiten cumplir adecuadamente con lo solicitado.
El recurso insiste en sus crticas al informe de la Guardia Civil, que considera « de claro sesgo acusatorio » y que « desliza continuas sospechas y comentarios suspicaces » sobre la pulcritud con la que la delegacin del Gobierno y otros organismos estn atendiendo a las peticiones de la juez Carmen Rodrguez-Medel.
El escrito firmado por Rosa Seoane, abogada jefe de Penal, solicita que se revoque la citacin de Franco para declarar como investigado o, en su defecto, que se aplace. La juez accedi ayer a esto ltimo y fij su comparecencia en el juzgado para el da 10.
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