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El Supremo registra la primera querella contra Marlaska por intentar abortar la investigacin judicial del 8-M

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acaba de recibir la primera querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por destituir de manera fulminante al coronel de la Guardia CivilDiego Prez de los Cobos. Una decisin que, como qued reflejado en la propuesta de cese, se llev a cabo por « negarse a informarle » del contenido de la investigacin judicial secreta sobre el 8-M que afectaba al Gobierno.

La primera denuncia que solicita al Alto Tribunal que investigue la conducta de Grande Marlaska ha sido interpuesta por el consultor Ramn Trillo que, asistido por el letrado Manuel Santaella, ha pedido ejercer la accin popular.

La denuncia atribuye al responsable de Interior en el Ejecutivo que preside Pedro Snchez un delito de encubrimiento al haber mentido pblicamente sobre el motivo de la destitucin de De los Cobos al afirmar que se trataba de una simple reestructuracin de equipos en el seno del Instituto Armado.

En este sentido, la querella sostiene, segn ha podido saber EL MUNDO, que Grande-Marlaska encubri con su explicacin en sede parlamentaria al menos dos delitos cometidos por sus subordinados. El primero, el de conspiracin para cometer revelacin de secretos, al exigir altos mandos de la Guardia Civil y la propia directora general del Cuerpo a De los Cobos que les facilitara un atestado que haba presentado y en el que se advertan indicios de delito por parte de los responsables del Ministerio de Sanidad al permitir la multitudinaria manifestacin del Da Internacional de la Mujer.

A su vez arguye que el ministro del Interior encubri otro delito consistente en la proposicin para cometer infidelidad en la custodia de documentos y violacin de secretos. De manera paralela pide que se investigue a Grande-Marlaska por otro tipo penal: la omisin del deber de perseguir un delito contra la Constitucin, concretamente el cometido por funcionarios pblicos contra otros derechos individuales.

La querella repasa cronolgicamente lo sucedido durante las ltimas semanas, desde que el Juzgado de Instruccin nmero 51 de Madrid abri diligencias para investigar si las autoridades cometieron algn tipo de irregularidad al autorizar la manifestacin del 8M en pleno auge de la pandemia por coronavirus. El texto recuerda que la titular del juzgado design a la Guardia Civil como Polica Judicial especificando a los agentes de la Comandancia de Madrid que deban « guardar rigurosa reserva sobre la evolucin y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas ».

Pese a ello, El Confidencial revel la existencia de un primer atestado policial que apuntaba directamente al responsable del Centro de Coordinacin de Alertas y Emergencias, Fernando Simn, por haber prohibido un gran evento de la Iglesia Evanglica en Madrid y, sin embargo, haber autorizado el 8M.

Esta filtracin provoc la inmediata reaccin del Ministerio del Interior, que exigi al entonces responsable de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Prez de los Cobos, una copia del mencionado atestado. Segn la querella, « el secretario de Estado de Interior, Rafael Prez, y la directora general de la Guardia Civil, Mara Gmez, deciden concertarse para determinar si por la Polica Judicial se haba ya evacuado el atestado y, en ese caso, acceder al mismo o, al menos, a detalles de las conclusiones alcanzadas ».

« No se puede afirmar en este momento incipiente del proceso penal, aunque por ello mismo tampoco descartar, que en la precitada concertacin participase el ministro del Interior. De ah la calificacin jurdica de encubrimiento », indica la denuncia.

A continuacin, « el secretario de Estado de Interior y la directora general de la Guardia Civil deciden, respetando la jerarqua militar del Cuerpo, que el general Jos Antonio Berrocal habra de enterarse extensa y detalladamente de las conclusiones a que hubiere llegado la Unidad de Polica Judicial ». Por ello, « habra de ponerse en contacto directamente con su inmediato subordinado, De los Cobos ».

« Tras resultar infructuosa esta primera gestin, la directora general de la Guardia Civil contacta, siempre siguiendo la cadena de mando y el escalafn, con el teniente general Fernando Santaf, a la sazn jefe de mando de Operaciones, participndole la misma encomienda en la que previamente haba instruido al inmediato inferior de este ltimo ».

« De idntica manera », contina la querella, « tambin esta segunda gestin result infructuosa con las consecuencias sobradamente conocidas ». No en vano, como detall este peridico, De los Cobos se neg en todas y cada una de las llamadas que recibi a facilitar un informe que, segn explic a sus sucesivos interlocutores, « ni tena ni poda facilitar aunque lo tuviera ».

De esta forma, « la ejecucin del ilcito concierto de voluntades entre el secretario de Estado y la directora general de la Guardia Civil se produce a lo largo del domingo 24 de mayo », cuando se mantuvieron las dos conversaciones telefnicas aludidas « cuya existencia y contenido ha sido contratada por esta representacin letrada », seala la denuncia, que se compromete a « acreditar oportunamente en fase de instruccin » mediante las diligencias que solicitar si se admite a trmite.

« Resulta de una obviedad insoslayable que la directora general de la Guardia Civil exhort primero y de su resultado fue informada », agrega. De hecho, la tercera llamada que recibi De los Cobos fue precisamente de Gmez aquella tarde noche para espetarle que si no le facilitaba el informe quedaba automticamente destituido. Segn la propia querella, la directora general le indic que su inters se deba a que se trataba de « un asunto muy sensible para el Gobierno ».

Tras la secuencia de llamadas, y « a unas horas intempestivas del domingo 24 de mayo », Gmez « firm digitalmente el documento consistente en la propuesta de cese » que constituye en s mismo una « orden ilegal ». Toda vez que refleja que el motivo radica en « no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Polica Judicial, con fines de conocimiento ».

A partir de ese momento, Grande Marlaska « con el firme propsito de ocultar lo que ya le constaba despliega toda una serie de actuaciones conducentes a encubrir los delitos que le constaba haban sido cometidos y dejarlos impunes ». « Dichas actuaciones consisten en, de un lado, ocultar a la opinin pblica el verdadero motivo responda el cese de De los Cobos ». Y, de otro lado, « ordenar ocultar la resolucin administrativa que contena la proposicin de cese ».

As, el ministro, « que conoca con exactitud todos los pormenores, preconstituy, junto con su ms cercano equipo, una artificial explicacin a dicho cese ». Por ello contest a los periodistas que « la sustitucin de De

los Cobos » responda « nica y exclusivamente a esa poltica razonable, normal, de reconstitucin de nuevos equipos dentro de lo que son el mbito de mxima confianza que todo dirigente plantea al hacerse cargo de un puesto concreto ».

En el caso de admitirse a trmite la querella, el denunciante solicita la toma de declaracin como testigos del coronel Prez de los Cobos, el general Berrocal, el teniente general Santaf, el secretario de Estado de Interior y a la directora general de la Guardia Civil. Junto a estas testificales requiere la declaracin, en calidad de investigado, del querellado, Fernando Grande Marlaska.

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